Tras observar las medidas tomadas durante los primeros 21 meses de gestión del gobierno presidido por Mauricio Macri, resulta indudable que su norte en el camino es avanzar hacia la flexibilización laboral, tal como lo han hecho otros países de la región, con medidas que ya fueron aplicadas en la Argentina en los 90, y solo derivaron en consecuencias sociales negativas para la mayoría de la población.
No es una novedad, y tampoco se esfuerzan por ocultarlo, el mismísimo ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, admitió en julio pasado que es posible que en breve comience una discusión para avanzar en la reforma laboral.
En agosto, el Presidente indicó que “tanto lo previsional como lo laboral, son cosas que tenemos que debatir porque queremos tener más trabajo, crecer más, ser felices, y si el mundo se modifica y mejora, nosotros tenemos que hacer lo mismo”.
Desde el Gobierno siempre recurren al juego de palabras con el fin de presentar los “cambios” a realizar como algo favorable. Apelan que tenemos una “legislación muy atrasada”, profundamente “rígida” a la que hay que “readecuar” porque impide la creación de nuevos empleos.
Insisten en la necesidad de “modernizar” los convenios colectivos bajo el pretexto empresarial de lograr una mayor competitividad y productividad, porque no podemos quedar rezagados con respecto a la actual situación que impera en Brasil luego de los cambios implementados en materia laboral.
En este sentido, pretendieron introducir el acuerdo de Vaca Muerta como un caso testigo para futuras negociaciones. Este agrega una adenda (anexo) al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los petroleros que extraigan recursos no convencionales, eliminando una serie de beneficios de los trabajadores como las “horas taxi” que cobran por el tiempo que demora el traslado desde sus hogares hasta los pozos.
Además, las empresas podrán reducir la cantidad de trabajadores por equipo de perforación, tendrán potestad para decidir cuando el viento amerita la suspensión de las actividades y podrán disponer de los empleados con mayor flexibilidad para hacerlos rotar por distintos puestos.
Una situación similar se dio entre el gremio lechero ATILRA, los representantes de Sancor y el gobierno nacional, quienes llegaron a un acuerdo para que el Estado nacional aporte fondos a la empresa a cambio de modificar el convenio colectivo (se estableció un plazo de 30 días para comenzar la negociación) y recortar los fondos de la obra social.
El punto central radicó en la sensible baja del bono extraordinario que las empresas pagan por cada trabajador desde 2009, por el cual cada empleado percibía un porcentual del salario que superaba en la actualidad los 3500 pesos, dinero que era absorbido por el gremio para financiar la obra social.
“Se establecen los siguientes puntos centrales del nuevo convenio colectivo, los que deberán ser abordados necesariamente: Régimen de licencias por mudanza, Régimen de licencia por matrimonio, Régimen de horas extraordinarias, Régimen de accidentes y enfermedades inculpables, Régimen de presentismo y asistencia, Régimen escalafonario por renuncia, Régimen de trabajo por turnos, Actualización de categorías, Régimen de promociones, Polifuncionalidad / multitareas o polivalencia, Coberturas de puestos de trabajo y Promociones por reemplazo”, detalla el texto del acuerdo sobre los puntos a negociar.
Otro caso testigo fue el convenio que el gobierno de Macri firmó con McDonald’s, para que ésta dé “trabajo” a jóvenes pobres y desocupados de entre 18 y 23 años con jornadas de cuatro a seis horas diarias por un sueldo de 4500 pesos, 1000 de los cuales eran aportados directamente por el Estado.
Sin embargo, el programa concluyó gracias a una medida de amparo interpuesta por las diputadas nacionales Araceli Ferreyra, Silvia Horne y Lucila De Ponti, junto al secretario de Juventud de la CTA, Matías Zalduendo, quienes alegaron que era “violatorio del orden público laboral, así como del derecho internacional y la propia Constitución Nacional”.
Otro argumento del Gobierno para fomentar la reforma es el supuesto “atraso” de los convenios colectivos de trabajo (CCT), idéntico planteo realizado en Brasil, donde la contratación colectiva directamente ya no va a existir.
Entre los puntos más escandalosos del proyecto sancionado por el Senado brasileño se encuentran:
– Los acuerdos por sector, empresa e individuales que tienen preeminencia sobre la legislación vigente. Los contratos privados pasan a ser más importantes que las convenciones colectivas.
– Se dificulta y encarece el acceso a la Justicia Laboral.
– Permite a las mujeres embarazadas y en período de lactancia realizar trabajos insalubres.
– Permite dividir hasta en tres tramos el periodo de vacaciones anuales de los trabajadores.
– Flexibiliza las condiciones de despido. El monto de las indemnizaciones no estará atado por el salario del trabajador y el preaviso baja de 30 a 15 días.
– Amplía la tercerización y permite que alcance la actividad principal de la empresa.
– Amplía la posibilidad de acuerdos individuales, entre ellos la posibilidad de extender la jornada laboral hasta las 12 horas por 36 horas de descanso y reducción de intervalo intrajornada.
– Crea nuevos tipos de contratos de trabajo, entre ellos el trabajo intermitente con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual, regula también el trabajo desde el hogar y abre la posibilidad de negociar hasta el horario de almuerzo.
– La contribución sindical, hasta ahora obligatoria y equivalente a un día de salario al año, pasa a ser voluntaria.
– Excluye la obligatoriedad de homologaciones de despidos por sindicatos.
– Elimina la obligación de negociar con sindicatos despidos colectivos.
– Prevé banco de horas para compensación de horas extra, sin necesidad de acuerdo colectivo.
– Acaba con el pago de las horas de desplazamiento.
– Restringe las hipótesis y fija límites de valores para indemnizaciones por daños morales proferidas por la Justicia Laboral.
Frente a estos cambios, resulta oportuno considerar el pensamiento del abogado y asesor de empresas –entre ellas Télam S.E.- Julián de Diego, quien consideró “atractiva” la reforma laboral del país vecino y juzgó como “muy bienvenido” su ejemplo para los cambios que proyecta la administración macrista.
A todo lo hasta aquí señalado, podemos agregarle el caso puntual de Télam S.E., donde ejercemos la representación colectiva de los trabajadores y llevamos adelante la negociación paritaria, momento en el que tuvimos que defender férreamente los derechos y conquistas alcanzados mediante una larga lucha.
Durante 39 días, debimos hacer frente a la posición patronal que quiso imponer el incremento salarial de un pago en tres veces, consideró injustificado el pedido del 100% de incremento en los distintos ítems percibidos por los compañeros e indicó que pretendía “acordar” la eliminación o modificación de determinadas licencias y conquistas, entre ellas: Dejar de brindar la licencia de un día por mes denominada “Día de la mujer y la lucha por la igualdad de género”, lo mismo con la licencia por paternidad de cinco (5) días hábiles o la reducción de los días por examen o enfermedad de familiar.
A la hora de firmar el acta paritaria (2016 y 2017), el Directorio de Télam designado por la gestión Cambiemos -a diferencia del anterior- incorporó una cláusula que contempla “iniciar conversaciones informales con miras a negociar e instrumentar un convenio de empresa que actualice las disposiciones contenidas en el CCT Nº301/75”.
Lo que distingue a este ítem es que se trata de una cuestión “informal”, que no fija plazos –el primer año nunca se abordó- y tampoco menciona un índice de temas a considerar. Por otro lado, tal como se le planteó a las autoridades de la agencia por nuestra parte nunca vamos a permitir que se pretenda pasar por encima de los derechos asegurados en el Estatuto del Periodista (Ley 12.908), el Estatuto del Personal Administrativo de Empresas Periodísticas (Ley 12.921) y el Convenio Colectivo de Trabajo N°301/75 o las conquistas obtenidas a través de la lucha. Nuestra historia a lo largo de casi 15 años así lo demuestra.
Por ello, exigimos que se respeten los usos, costumbres y acuerdos internos establecidos en el artículo 5 del convenio, pedido que quedó plasmado en la cláusula 12 del último acuerdo paritario, por la cual las partes “ratificamos la plena vigencia del CCT 301/75 y demás leyes vigentes”, al igual que la jornada laboral de 6 horas y media del personal administrativo, horario que fuera arrebatado por la última Dictadura Militar y que recuperamos con las facultades que nos proporcionó el hecho de obtener la personería gremial en Télam.
Asimismo, en el punto seis de dicha acta se estipuló la necesidad de “analizar las situaciones particulares del personal a fin de evitar conflictos de encuadramiento en el marco de la Ley 12.908 y 12.921”.
En este sentido, recordamos que fue el SITRAPREN quien logró la regularización del escalafón tal como marca la ley 12908/12921 y el Convenio Colectivo de Trabajo 301/75 -destruido oportunamente por la intervención menemista; que se respeten los derechos que la legislación vigente estipula para los corresponsales; que se incorpore a la planta permanente a los compañeros mal encuadrados como colaboradores, que se actualice del salario básico de los Reporteros Gráficos y que se equipare a los “Encargados” de Archivo Periodístico y Fotográfico, que se concrete la construcción del Lactario, que se reconozca el “Día del trabajador de Prensa”, entre otras tantas otras conquistas.
Es decir, demostramos con hechos, no con palabras, que en nuestro camino no hay lugar para la “negociación a la baja”, para la entrega de derechos y conquistas, o para cualquier medida que involucre dar un paso hacia la flexibilización laboral, ajuste o achicamiento.
No somos pro-patronales, no hacemos gestiones a pedido de las autoridades de Télam tratando que los compañeros se desafilien de su sindicato –algo que encima les salió mal-, no llamamos a la división de los trabajadores y mucho menos confeccionamos “listas negras”, para eso están los funcionales al Directorio.
Como representantes sindicales estamos convencidos que el avance de la flexibilización laboral solo puede frenarse con la lucha y a través de las urnas. No se trata de una “campaña del miedo”, lamentablemente es la realidad y sencillamente a los hechos nos remitimos.
Por eso, resulta indispensable tener presente que un triunfo “contundente” de Cambiemos en octubre dará al Gobierno la posibilidad de acelerar los cambios en materia laboral, priorizando las visión empresarial del mal llamado “costo”, en lugar de los derechos y conquistas de los trabajadores. Caso contrario se logrará ponerle un freno que contrarreste la embestida pro-reforma. De nosotros depende, tengamos memoria.
Comisión Directiva
2016-2020
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017