El Sindicato de Trabajadores de Prensa (SITRAPREN) repudia y rechaza la aplicación de la ley antiterrorista contra un periodista, en este caso Juan Pablo Suárez, trabajador del diario Ultima Hora de la provincia de Santiago del Estero, quien fuera acusado de cometer el delito de sedición en diciembre pasado al cubrir un conflicto policial en su provincia.
En ese momento Suárez estuvo detenido durante diez días. Ahora, la causa se recaratuló y tiene los agravantes del artículo 212 del Código Penal, según el cual, «Será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación» y del 41 quinquies -de la Ley antiterrorista 26.734 aprobada en diciembre de 2011- que establece: «Cuando algunos de los delitos previstos en este código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo».
Es decir, por la aplicación de esta normativa Suárez podría ser condenado a prisión de entre 6 y 12 años, por el simple hecho de ejercer su profesión de trabajador de prensa.
La aplicación de esta Ley contra un periodista no hace más limitar el libre desempeño de la tarea de informar a la opinión pública. No podemos permitir la censura previa ni los condicionamientos al trabajo de los compañeros, y menos que se pretenda pisotear el derecho constitucional de libertad de expresión, más aún cuando la misma Ley índica que las agravantes no se aplicarán cuando «los hechos que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional».
Por ello, desde el SITRAPREN nos solidarizamos con el compañero Juan Pablo Suárez, y solicitamos tanto a los fiscales como a los jueces del caso que contemplen la normativa en su totalidad, ya que la libertad de expresión es un derecho humano garantizado constitucionalmente.
COMISIÓN DIRECTIVA
Buenos Aires, 13 de mayo de 2014